Boletín de Prensa

Quito D.M., 13 de noviembre de 2020

Alrededor de 4 millones familias ecuatorianas han sido beneficiadas con las medidas de compensación anunciadas por el Gobierno para los usuarios residenciales del servicio eléctrico, como política de apoyo y solidaridad frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El presidente de la República Lenín Moreno, consciente de la situación que se vive en el Ecuador y el mundo, resolvió el 29 de julio pasado que los montos adeudados por los clientes del servicio eléctrico durante el estado de excepción, se diferirían de manera automática a 12 meses, sin intereses ni recargos.

Asimismo, los usuarios que cumplieron con sus obligaciones y de alguna manera cancelaron excedentes en las planillas durante este período han recibido el monto correspondiente a la refacturación, a través de notas de crédito reflejadas en la siguiente factura o con transferencia bancaria.

Hasta el momento se ha generado aproximadamente 7,5 millones de notas de crédito, por un valor que asciende a los USD 51,24 millones. Estos montos han sido asumidos por el Gobierno Nacional como parte de su compromiso con la ciudadanía.

Hay que recalcar que, durante esta emergencia, se mantuvo el servicio de energía sin interrupciones. Además, las empresas eléctricas distribuidoras replicaron la facturación de los consumos de los meses del estado de excepción de 2020 con los de 2019 para calcular los montos a pagar. Es decir, los ecuatorianos pagarán menos de lo que consumieron por los meses que estuvieron en casa por el aislamiento.

Una vez terminado el plazo de dos meses para suspender cobros y cortes, contados a partir de la finalización del estado de excepción que establece la Ley de Apoyo Humanitario, desde este viernes 13 de noviembre, las empresas distribuidoras iniciarán el proceso de gestión de cartera, para informar, a través de notificaciones físicas, correos electrónicos y otros canales virtuales, los montos pendientes a cancelar y así evitar molestias con la suspensión del servicio.

Adicional a los 12 meses sin intereses ni recargos contemplados por la Ley Humanitaria, los usuarios podrán acordar con la empresa eléctrica de su localidad, mediante los canales dispuestos para la atención a sus clientes, ampliar este plazo de diferimiento hasta 36 meses.

El Gobierno Nacional realizó varias acciones en favor de los usuarios durante el estado de excepción, tales como: la tarifa plana de 10,50 centavos de dólar por kilovatio hora para los usuarios residenciales con consumos que excedan los 500 kilovatios hora al mes; y reducción del 50 % en la tarifa por demanda de potencia para el sector comercial e industrial, siempre y cuando registren un consumo inferior al 60 %.

Al momento, las empresas eléctricas, a nivel nacional, mantienen una cartera vencida de aproximadamente USD 572 millones, un 25% de incremento en relación al mes de febrero, previo a la pandemia del COVID 19.