La calidad de agua se monitorea en 8 zonas del proyecto minero Llurimagua
BOLETÍN DE PRENSA
Quito D.M., 16 de diciembre de 2018
La Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), como titular de la concesión del proyecto minero Llurimagua, ubicado en la zona de Intag, provincia de Imbabura, desarrolla el seguimiento permanente a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, presentando informes semestrales de cumplimiento.
El Plan incluye el monitoreo constante de la calidad de agua en al menos 8 zonas dentro de la concesión minera. Estos puntos fueron identificados en 2014, antes de que se inicien las actividades de exploración y permitieron determinar las condiciones de los cuerpos hídricos en la zona.
En los resultados obtenidos, se identificaron altas concentraciones de cobre (Cu), mostrando que el agua por su naturaleza contiene un valor de fondo propio de este mineral. Este ejercicio permite monitorear la calidad del agua de la zona frente a las actividades mineras; y de esta manera, establecer planes de mitigación.
Llurimagua, se encuentra en fase de exploración avanzada y constituye uno de los principales proyectos de minería del Ecuador. Es por ello, que antes que técnicos y socios estratégicos inicien cualquier actividad minera en la concesión, la ENAMI EP gestiona y obtiene los permisos ambientales correspondientes y los demás actos administrativos previos contemplados en la normativa vigente.
Hasta la fecha, la empresa nacional ha cumplido con todas las obligaciones ambientales del proyecto Llurimagua en línea con la política del Gobierno Nacional para el desarrollo de una industria minera responsable y en el marco de una gestión con transparencia para lograr el desarrollo integral del país.
La ENAMI EP ratifica su compromiso de trabajar en pro del desarrollo de la industria minera nacional y sus industrias asociadas, mediante la ejecución de un portafolio de proyectos que generan encadenamientos productivos, enfocados al desarrollo de la economía local y nacional, sin poner en riesgo al medio ambiente, a sus trabajadores, ni la integridad de los habitantes de las comunidades y demás personas que colaboran en la ejecución de los proyectos.