Imagen referencial, Eólico Villonaco

La inversión pública y privada es fundamental para la puesta en marcha de proyectos de energías renovables en el Ecuador, así como, una fuente primordial que permite la dinamización de nuestra economía. Generar empleo digno, promover el desarrollo social, incorporar nuevas tecnologías y fuentes de producción de energía limpia y no convencional, son estrategias claves para la diversificación de la matriz energética.

Bajo este precepto, es importante indicar que en la actualidad el 92% de la generación de energía en el país proviene de centrales hidráulicas, el 7% de térmicas y el 1% de fuentes no convencionales (fovoltaica, eólica, biomasa, biogás, geotermia, entre otras). Esta producción, marcada por energías amigables con el ambiente, satisface la demanda nacional de electricidad, así como la exportación de electrones a los países vecinos (Colombia y Perú).

Para consolidar una matriz energética limpia, el Gobierno Nacional implementa políticas encaminadas al fortalecimiento de la confianza de inversionistas en proyectos para el Ecuador, a través de un marco legal basado en la seguridad jurídica y procesos públicos transparentes, que incluyen mecanismos de alianzas público-privadas, con regulaciones previsibles y simplificadas, así como con esquemas tarifarios favorables e incentivos al sector privado.

Actualmente, Ecuador cuenta con la presencia de prestigiosas empresas provenientes de España, Canadá, Corea, China, entre otros. La comunidad internacional ha visto a nuestra nación como un lugar atractivo para invertir en la ejecución de proyectos de energías renovables.

Un ejemplo del impulso de este tipo de energías, es el proyecto eólico Villonaco II y III, que contará con una potencia nominal de 110 megavatios, el mismo se desarrollará en los emplazamientos de Membrillo-Ducal y Huayrapamba, localizado en la provincia de Loja. Esta obra tendrá una inversión privada de USD 181 millones a cargo del consorcio español Cobra Zero – E Villonaco, cuya concesión alcanzará los 25 años.

Otra obra de energía renovable adjudicada en diciembre de 2020, a la empresa española Solarpackteam, fue el fotovoltaico El Aromo en la provincia de Manabí, el cual se construirá en un campo de 290 ha., contiguo a los terrenos de la fallida Refinería del Pacífico.  Este proyecto tendrá una inversión de USD 145 millones, una potencia instalada de 200 megavatios y su concesión durará 20 años.

En este 2020, el sector eléctrico ecuatoriano también lanzó la licitación del proyecto fotovoltaico Conolophus, el cual atraerá una inversión privada de USD 45 millones y aprovechará el recurso solar existente en el Archipiélago de Galápagos para generar 14.8 MWp (megavatios pico) y un almacenamiento de energía de 40,9 MWh (megavatios hora). De esta manera se dotará de electricidad continua a la población de las islas Baltra y Santa Cruz, con una reducción promedio de 16 mil toneladas de CO2 al año, por el desplazamiento de generación que utiliza combustibles fósiles en esta zona.

A la producción de energía limpia y amigable con el ambiente, se suman las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), para implementar procesos de eficiencia energética en los sectores residencial, industrial y de transporte.

Es así que se han ejecutado iniciativas como: la implementación del Distintivo de Máxima Eficiencia Energética para equipos eléctricos, la instalación de electrolineras para promover la movilidad eléctrica; la producción de aceite de piñón, como sustituto de Diesel para la generación eléctrica en Galápagos y diversas capacitaciones a las industrias para reducir de manera eficiente, su consumo de energía.

Con lo anteriormente expuesto, el Gobierno Nacional mantiene el compromiso permanente de incentivar la inversión privada para ampliar la matriz energética, basada en políticas de energía renovable. Todas las acciones emprendidas desde las entidades estatales competentes en materia energética, pondrán en marcha planes estratégicos enfocados en las buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.